En ninguna organización, sea ésta pública o privada, se transfieren importantes sumas de dinero sin que ello sea conocido por los superiores correspondientes. Más aún, cuando hablamos de $ 35 mil millones correspondientes a dinero de todos los chilenos destinados a educación, un tema siempre complejo en nuestro país, la autoridad pertinente no puede evadir responsabilidad alguna especialmente la política argumentando “imposibilidad de fiscalización por falta de recursos”, cuando en los cuatro gobiernos de la Concertación los recursos fiscales a esta área se han cuadruplicado.
La ministra debería renunciar. Pero, lamentablemente, el blindaje político y los intereses partidistas parecen estar por sobre el sueño que muchos aún tenemos de que mejore la calidad de la educación.
Leopoldo Ramírez Alarcón
Presidente del Centro de Alumnos
Escuela de Derecho – U. Santo Tomás (UST)
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